La facultad que MORENA, PT y PVEM dieron en 2024 a la presidencia del INE sigue vigente, y pasará intacta a quien llegue, aunque llegue por sorteo. Antes de las siete de la mañana, en una escuela cualquiera, una mujer que salió sorteada para presidir la casilla recibe una caja de cartón. Adentro vienen las boletas, las actas, el líquido indeleble y los crayones. La abre frente a los representantes de los partidos, revisa los folios y firma. Nadie le pregunta quién fabricó esa caja ni quién autorizó comprarla, porque la confianza de esa mañana descansa en reglas que casi nadie ve. Una de las empresas que surten paquetes electorales al país está hoy en el centro de la crisis que deja al INE, por primera vez en su historia, sin presidencia en pleno proceso electoral federal. Guadalupe Taddei anunció el domingo que dejaba el cargo. La Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera dirán si hubo irregularidades en las contrataciones, y ella ha defendido la legalidad de los procedimientos. A esta columna le basta un hecho documentado. En septiembre de 2025, Taddei designó como director ejecutivo de Administración, el área que valida las compras del INE, a quien había sido representante legal de Cajas Graf y de Corporativo Zeg. Fue denunciado ante el Órgano Interno de Control y salió a finales de abril. Ese nombramiento nunca pasó por el Consejo General, porque la ley ya no lo exigía. Dejó de exigirlo en octubre de 2024, cuando la mayoría de MORENA, PT y PVEM la reformó para que la presidencia del INE nombrara sola a los directores ejecutivos y a los titulares de unidades técnicas. Hasta entonces cada nombramiento necesitaba ocho de los once votos del Consejo, en sesión pública, y quien aspirara a administrar el dinero del instituto tenía que pasar por…