Tijuana BC 24 de febrero de 2025.-En conferencia de prensa, la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Lizbeth Mata Lozano, exigió la renuncia del Secretario de Salud de Baja California por su ineptitud ante la crisis y el colapso del sistema de salud que afecta a toda la población del estado. Señaló, además, que la Gobernadora Marina del Pilar Ávila también es responsable de esta negligencia.

«Si bien en nuestro estado se registran crisis en varios sectores, como seguridad pública y economía, la situación en el sector salud es una de las más graves y pone en riesgo a la población en general. El PAN siempre ha alzado la voz en defensa de las exigencias ciudadanas», declaró Mata Lozano.

 

La dirigente estatal explicó que la solicitud de renuncia del Secretario de Salud responde a su ineficaz desempeño, que ha permitido que la vida de los ciudadanos esté en riesgo por la falta de insumos y medicamentos. Además, denunció la falta de empatía hacia los pacientes y hacia el personal del sector salud que ha hecho públicas las condiciones precarias en las que laboran.

Mata Lozano también criticó la actitud de la Gobernadora, calificándola de «burlona y nefasta» cada vez que se le cuestiona sobre el tema. Aseguró que la mandataria ha impuesto una «Ley Mordaza» para silenciar a los médicos y enfermeras, impidiéndoles revelar información sobre el colapsado sistema de salud. Como prueba, presentó un formato de contrato de confidencialidad.

Se recordó que fue el titular del Hospital General de Ensenada quien expuso valientemente esta situación al advertir sobre el cierre del hospital por falta de insumos y medicamentos. En este contexto, Mata Lozano destacó la iniciativa del regidor del PAN en Ensenada, Adrián García, quien fue el primero en acercarse para conocer las necesidades urgentes e intentar solventarlas, además de exigir al gobierno que lo haga.

Mata Lozano también señaló que el modelo IMSS Bienestar ha sido un fraude que agravó la crisis administrativa en el sector salud, crisis generada por los gobiernos de Morena. Denunció que el presupuesto federal para salud ha sufrido un recorte del 61.6%, dejando que las autoridades de Baja California destinen solo 76 millones de pesos para cubrir necesidades esenciales. «No hay servicios, no hay medicamentos, no hay quirófanos. Esta situación implica una responsabilidad legal», sentenció.

El Diputado Federal César Damián Retes recordó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el PAN exigió más recursos para salud, pero la mayoría oficialista destinó los fondos a proyectos y programas rentables para Morena. Denunció también que el Hospital Materno Infantil de Tijuana no cuenta con ginecólogos, lo que impide la atención de mujeres embarazadas. En la zona este de la ciudad, el hospital recién construido opera solo con consultas externas porque no hay personal médico suficiente ni recursos para pagarles sueldos. Además, la falta de anestesia impide la realización de cirugías. «La responsabilidad recae en la Gobernadora y en los diputados federales de Morena, quienes aprobaron estos recortes», aseveró Damián.

«Se necesita el apoyo de la federación con recursos etiquetados, para que el gobierno del estado no los desvíe a otros rubros y se destinen realmente a salud», agregó.

Por su parte, el Diputado Local Diego Echevarría afirmó que el Secretario de Salud es corresponsable de esta crisis por no haber previsto ni luchado para resolver la situación. Señaló que el argumento de la «transición» de los servicios de salud locales a la centralización federal es solo una excusa. «Las cirugías se cancelan si el paciente no puede comprar su propio material de curación o medicamentos. Esta es la realidad», enfatizó.

Asimismo, denunció que el Secretario de Salud creó el programa «Código Infarto» para atender a quienes no están afiliados a un sistema de salud, pero que cuatro personas calificadas para el programa no han podido ser intervenidas por falta de insumos.

Echevarría también señaló la mala administración del Secretario de Salud, recordando que en el 2022 se le negó la cuenta pública por adjudicaciones directas por 228 millones de pesos y que se encontraron irregularidades por más de 300 millones de pesos en medicamentos caducos. Por este último hecho, el PAN presentó una denuncia penal.

En la rueda de prensa estuvieron presentes regidores, diputados locales y federales, así como directivos de los comités municipales del PAN, quienes seguirán alzando la voz desde sus respectivas trincheras en defensa de la salud de los bajacalifornianos.