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Por su lado, el dirigente municipal del PAN, Christopher Domínguez Meraz, sentencio que en la lógica del alcalde la inseguridad va a la baja, pero las cifras oficiales revelan que en el último trimestre creció 100 por ciento los secuestros, los delitos sexuales, y robos con violencia.
Finalmente, Jorge Álvaro Ochoa Orduño destacó que la importancia del diálogo constante, permanente y abierto con todas las autoridades es una ruta para consolidar una cultura de respeto a la dignidad
El líder municipal del PAN enfatizó que la medida contraviene las mejores prácticas en materia de seguridad pública, ya que Baja California sería el único estado donde el C5 no estaría bajo la administración del Ejecutivo estatal.
La Sindica Procuradora explicó que se hará uso de la tecnología para obtener resultados eficientes, como la instalación de kioskos digitales, en lugares predeterminados del primer cuadro de la ciudad
Sandra Magaña recordó que José Luis Pérez Canchola es uno de los defensores de derechos de migrantes desde hace décadas, fue el primer procurador de derechos humanos de Baja California e integrante de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos.
el secretario general de gobierno, me acusó de exagerar y mentir, pidiéndome firmar la renuncia como director de atención al migrante, misma que ya tenía redactada y la que firmé en base a mis convicciones en defensa de los derechos humanos de la población migrante.
Estuvieron presentes los secretarios de Bienestar y del Jurídico.
También presentaron sus renuncias los coordinadores municipales de Rosarito Ericka Ortiz, de San Felipe Tanairy Hernández Mayoral, de Tecate el secretario general Guillermo López, de San Quintín Jaqueline Bátiz, así como el representante de la comunidad LGBTIQ+ Roberto Osuna, y 4 presidentes de Consejos Municipales.
“Este gobierno estatal actúa como la Chimoltrufia: primero dicen una cosa y luego otra. Crean problemas y después dicen que los solucionan. Exigimos que se respete el decreto de 2017, donde se establece que no es obligatorio cambiar las placas cada año”, señaló Lizbeth Mata Lozano.
El exhorto también solicita que se apliquen sanciones ejemplares contra los proveedores involucrados, quienes vulneraron la normatividad municipal al omitir los procedimientos legales correspondientes. Asimismo, se exige la identificación de los servidores públicos responsables de autorizar o ignorar estas irregularidades, con el objetivo de garantizar transparencia y justicia.
Abarca Jiménez hizo hincapié en que es fundamental que los organismos expertos, como la Barra Mexicana de Abogados, se mantengan cerca del proceso electoral inclusive participando como observadores acreditados.
