El gobierno de Morena ha preferido el teatro de los decomisos espectaculares antes que la captura de los verdaderos responsables. Se confunde acción con escenografía.
Es un hecho que, bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos intensificó su política de combate frontal contra el narcotráfico y el robo de combustibles, apuntando sin titubeos hacia los cárteles que operan en territorio mexicano. Mientras tanto, en México, el gobierno de Morena ha preferido el teatro de los decomisos espectaculares antes que la captura de los verdaderos responsables. Se confunde acción con escenografía. Porque en la guerra contra el crimen, no basta con mostrar armas: hay que encarcelar a los capos que las empuñan.
Claudia Sheinbaum, presidente, hereda una estructura de seguridad plagada de omisiones. Aunque su administración presume incautaciones de droga y desmantelamiento de laboratorios, la verdad incómoda permanece: los grandes líderes criminales no caen por obra de las autoridades mexicanas. Ovidio Guzmán fue capturado por presión de Estados Unidos, no por estrategia nacional. Lo mismo con Caro Quintero, “El Mayo” Zambada. La justicia mexicana llega tarde, o simplemente no llega. El gobierno mexicano parece más comprometido con el espectáculo que con la ley.
Pero lo más alarmante no es la ineptitud, sino la posible complicidad. Documentos judiciales en Estados Unidos, investigaciones de periodistas como Anabel Hernández y filtraciones del Departamento de Justicia apuntan a vínculos directos entre operadores del crimen organizado y figuras clave del obradorismo. En el centro del huracán aparece el nombre de Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, considerado el hombre de mayor confianza del presidente López Obrador en materia de seguridad. No se trata de rumores, sino de investigaciones abiertas y testimonios judiciales. Cuando el escudo de la nación se mancha de crimen, el Estado deja de ser escudo.
En el contexto de estos señalamientos, el silencio oficial resulta criminal. Ni la Fiscalía General de la República ni el gobierno federal han ofrecido una explicación clara o una investigación interna creíble. La maquinaria del poder morenista responde con negaciones vagas, apelando a una narrativa de persecución política, como si se tratara de una conspiración orquestada por el “imperio”. Pero los hechos no se borran con discursos. La evasión solo confirma lo que muchos ya sospechan: la transformación prometida por la 4T terminó siendo coartada para una red de protección al crimen. El silencio del gobierno es el grito más fuerte de su culpabilidad.
La captura de capos relevantes por parte de Estados Unidos, incluidos operadores del Mayo Zambada, y del Chapo Guzmán, expone otro flanco débil de la soberanía mexicana. El vecino del norte hace el trabajo que nuestras autoridades evitan: detener, interrogar, enjuiciar. Y en ese proceso, emergen nombres incómodos, vínculos entre dinero sucio y campañas electorales, pactos de no agresión entre la política y el narco. La verdad que viene desde Washington no es ajena ni lejana: es un espejo que refleja el rostro de un sistema que ha decidido pactar con el infierno para mantenerse en el poder. Estados Unidos no solo persigue capos: desnuda la podredumbre de la política mexicana.
Si Adán Augusto termina siendo imputado en tribunales internacionales, no será un caso aislado: será la prueba de que la red de protección criminal operó desde las alturas del poder durante todo el sexenio de López Obrador. Y si se confirma que las campañas, los operadores políticos y hasta las decisiones de seguridad fueron tocadas por el narco, entonces no hablamos solo de corrupción, sino de traición. Traición al Estado, a la Constitución y a los millones de mexicanos que siguen creyendo que la política puede ser decente. Gobernar con el crimen no es un error: es una renuncia al país.
En Baja California, el retiro de visas a gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a su esposo, Carlos Torres Torres —exfuncionario de Presidencia de Tijuana y operador político de primer nivel—, ha encendido todas las alertas. La decisión de Estados Unidos no fue caprichosa ni diplomática: se basa en investigaciones por presuntos vínculos financieros y políticos con estructuras ligadas al crimen organizado. Baja California, frontera clave para el tráfico de drogas, personas y armas, no puede darse el lujo de estar gobernada desde la sospecha. Cuando Washington retira visas a quienes gobiernan un estado fronterizo, no se trata de un roce diplomático: es una advertencia de alto nivel.
México merece una transformación real, no una simulación con discursos de moral reciclada. La supuesta lucha contra el crimen ha sido selectiva, teatral y profundamente hipócrita. Hoy, más que nunca, la nación necesita un gobierno que no tenga miedo de investigar a sus propios cuadros, que no se escude en el nacionalismo para evadir la justicia, y que rompa de una vez por todas los lazos entre política y crimen. Porque cuando los criminales están en las calles, es alarmante; pero cuando están en el gabinete, es una catástrofe.
