Editorial Dominio Público
Baja California ha atravesado días de violencia que ni en los tiempos del viejo oeste parecían tan frecuentes.
Una serie de eventos clave ha incrementado la sensación de inseguridad y la desconfianza hacia las autoridades policiales.
En Mexicali, todo comenzó con el ataque a tiros de dos hombres contra un tercero, aparentemente tras una discusión de tránsito.
Por si fuera poco, dos jóvenes, sin experiencia en el manejo de armas, golpearon y lesionaron a otro conductor.
Al día siguiente, la alcaldesa Norma Bustamante declaró no estar al tanto de los hechos, ya que el director de la policía no le había informado, a pesar de haber salido juntos de una reunión de la mesa de seguridad.
Otro caso relevante se registró en Tijuana, donde dos hombres sin insignias policiales y armados, a bordo de un vehículo balizado, interceptaron a un conductor en la delegación Playas.
La duda es inevitable: ¿eran policías o criminales? Hoy en día resulta cada vez más difícil distinguir entre ambos.
En Ensenada se vivió un tercer hecho alarmante, cuando un grupo armado impidió la detención de una mujer y se la arrebató a las autoridades.
Curiosamente, la policía municipal no intervino, lo cual podría deberse a órdenes de quedarse al margen o, peor aún, a una posible complicidad con el crimen organizado.
Esto dejó desprotegidos a elementos de otras dependencias, tal como ocurrió meses atrás en Mexicali.
En aquella ocasión, el entonces secretario de Seguridad, Tizoc Aguilar, reaccionó indignado frente a un suceso similar y ordenó exámenes de control para todos los policías del Valle.
Mientras tanto, en un acto de alto impacto en la capital del estado, Sunshine Antonio Rodríguez Peña, líder pesquero, fue asesinado a plena luz del día mientras vendía pescado.
Por otro lado, en Tijuana se han encontrado cuerpos desmembrados y calcinados; además, de manera repentina se cambió al secretario de Seguridad Ciudadana, presuntamente porque su contrato había vencido.
En Playas de Rosarito, donde la violencia hasta hace poco era mínima, la llegada de la Guardia Nacional provocó un aumento drástico en los casos de extorsiones, robos y abusos contra ciudadanos por parte de estos elementos.
La alcaldesa Rocío Adame hizo un llamado a los residentes afectados para que graben a quienes cometan estas irregularidades.
Sin embargo, muchos consideraron esta propuesta una burla, ya que los ciudadanos suelen ser despojados de sus celulares, forzados a borrar los videos y amenazados bajo distintos pretextos.
El caso más reciente tuvo lugar hoy en Mexicali: una narcomanta con amenazas de muerte fue colocada como «bienvenida« al Teniente Coronel Julián Leyzaola.
En resumen, Baja California parece haberse convertido en tierra de nadie, un territorio sin ley.
Y lo más grave es que en estos eventos persiste un mismo problema: la falta de coordinación entre las distintas autoridades.
Lo que presumen en discursos ante los medios no se ve reflejado en la realidad. Cualquier persona puede portar armas, utilizarlas, e incluso amenazar con ellas sin consecuencias aparentes.
Es evidente también la ausencia de respaldo entre corporaciones policiales. La inseguridad que actualmente afecta a Ensenada parece haber aumentado desde el infame narcobloqueo orquestado por el exfuncionario municipal Moisés Ramírez durante la gestión de Armando Ayala.
A ello siguió una masacre relacionada con conductores de vehículos tipo RZR. En Mexicali existen indicios de policías municipales escoltando a presuntos delincuentes; en Rosarito, las células criminales han atacado a agentes policiales en su lucha por el control del municipio.
En Tijuana, los ecos de los conflictos en Sinaloa se hacen sentir con fuerza. Y así continúa la lista: Tecate sigue enfrascado en disputas por rutas clandestinas; San Felipe y San Quintín son puntos estratégicos para el crimen organizado debido a su proximidad con Sonora y Sinaloa.
Todo esto parece interminable. Los expertos advierten que lo peor está por venir. Mientras se prioricen entrevistas a nivel nacional, se hable de embarazos en campañas políticas, se discuta quién creó cierta bebida o se dé más importancia a erigir un monumento a un extranjero, las cosas no cambiarán o incluso podrían empeorar.
Sin duda alguna, esto parece indicar que el llamado «corredor del Pacífico«, antaño presumido por el partido Morena como un logro político, también ha facilitado las operaciones del crimen organizado según expertos en seguridad y política.
