Editorial Dominio Público BC
Lo que se observa en el poblado de La Rumorosa, bajo la jurisdicción del gobierno de Baja California, evidencia una serie de contradicciones en las políticas de seguridad implementadas en la región.
No es necesario poseer una experiencia táctica profunda para comprender que la violencia tiende a perpetuar ciclos de mayor violencia—a una realidad aparentemente ignorada por los estrategas militares que, desde su posición en la seguridad pública estatal, parecen operar sin un enfoque integral.
La situación de inseguridad, agravada tras acciones políticas que permitieron la intromisión de grupos delictivos organizados en jornadas electorales bajo la administración de Morena, marca un declive notable en el tejido de la seguridad pública.
El despliegue de extremidades humanas en casillas electorales y simulacros de narcobloqueos coordinados por funcionarios locales—como los registrados en Ensenada—se han convertido en manifestaciones preocupantes de una alianza tácita entre impunidad y corrupción política, facilitando un entorno propicio para el fortalecimiento de delincuentes que adoptan estas condiciones como elementos estratégicos de operación.
En los últimos años, La Rumorosa, un poblado ubicado dentro del municipio de Tecate, se ha vuelto escenario de crímenes inquietantes como homicidios, extorsiones conocidas como «cobros de piso«, secuestros, la proliferación de fosas clandestinas atribuibles al narcotráfico y amenazas.
Este incremento en actos delictivos parece estar vinculado, directa o indirectamente, al consentimiento o inacción por parte de ciertas autoridades políticas o policiales.
La situación alcanzó un punto crítico el domingo 15 de junio, cuando una base de operaciones militares fue violentamente atacada con armas de fuego, dejando como saldo dos soldados heridos.
La respuesta oficial ante este acontecimiento, mostró un notorio déficit estratégico: se movilizaron decenas de militares y policías hacia la zona afectada en lo que parece ser más un acto simbólico que una maniobra efectiva.
En lugar de proceder mediante inteligencia operativa apoyada por datos, investigación y contrainteligencia, las autoridades optaron por un despliegue masivo que, pese a su aparente magnitud, no representa una solución sostenible ni eficaz.
La decisión adoptada demuestra no solo insuficiencia en la gestión de seguridad pública por parte de elementos militares asignados a dicha labor, sino además revela una incapacidad para identificar objetivos específicos o actuar con premura estratégica más allá de las primeras 72 horas posteriores al ataque.
El enfoque elegido se sustenta en patrullajes extensivos y expectantes, bajo la premisa de que los delincuentes puedan ser localizados gracias a denuncias ciudadanas o encontrarse ocultos en áreas rurales o montañosas cercanas.
No obstante, resulta evidentemente claro que esta metodología carece de fundamentos sólidos y puede derivar en la dispersión progresiva de los agentes y militares desplegados al cabo de algunos días debido a reorganizaciones hacia otras zonas o posibles acuerdos tácitos con las mismas redes delictivas.
A pesar de los miles de militares, guardias nacionales y elementos navales que el gobierno federal ha asignado a Baja California durante años, actualmente solo 120 recorren activamente La Rumorosa—a cifra irrisoria frente a la complejidad del problema y los antecedentes alarmantes que aquejan a esta región.
De la fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez, es mejor no entrar en detalles… ¿En serio hay fiscal en Baja California?
