Cada año, alrededor del Día Internacional de la Mujer, el país vuelve a colocarse frente a una escena conocida: marchas multitudinarias, consignas legítimas y una indignación que ya no cabe en discursos oficiales. Pero junto a esa energía social aparecen episodios que reabren la discusión pública sobre los límites de la protesta. La pregunta surge inevitable: ¿dónde termina la manifestación y dónde comienza el delito? No es un dilema menor. En una democracia constitucional la protesta es un derecho fundamental, pero también lo es el deber del Estado de proteger el orden jurídico que hace posible que esa protesta exista. La democracia, para bien o para mal, tiene que vivir con sus propias contradicciones.
Quienes justifican los actos de destrucción suelen plantear un argumento moral poderoso: los bienes materiales pueden reponerse, la vida de una mujer no. En un país que aún arrastra cifras alarmantes de violencia de género, la frase tiene una resonancia emocional comprensible. Pero cuando esa premisa se transforma en licencia para suspender la legalidad, aparece una zona peligrosa. Porque entonces cada causa, por legítima que sea, comienza a decidir qué normas respetar y cuáles ignorar. El problema es que el propio Estado conoce el costo político de intervenir. Si investiga, si sanciona o si actúa con firmeza, el cálculo electoral aparece de inmediato en el horizonte. Se perderían elecciones.
En este punto, el sistema político tampoco ayuda demasiado. Hay políticos derechohumaneros que auspician desigualdades desde el poder y que, sin embargo, cada 08 de marzo se colocan retóricamente del lado de las mujeres. Es un gesto performativo que no transforma la realidad, es más bien, otro síntoma de la mala calidad de nuestra democracia. Se celebra y se aplaude la consigna, para que después el expediente vuelva a quedarse detenido en un escritorio público.
La oposición, por su parte, sigue sin entender del todo su papel en la vida pública. En lugar de defender al Estado y exigir que funcione con eficacia y legalidad, muchas veces opta por sumarse a una descalificación electoral oportunista, disputándose el relato del momento, pero no protege el principio que debería sostener a todos: que la ley no puede aplicarse dependiendo de quién protesta o de quién gobierna.
Aquí surge una paradoja incómoda que conviene mirar sin simplificaciones. Durante años, las fiscalías han sido señaladas por opacidad, lentitud e impunidad frente a delitos que afectan a las mujeres. Esa deuda institucional explica parte de la rabia social que estalla en las calles. Pero la ausencia de justicia no puede convertirse en argumento para tolerar la erosión del Estado de derecho. No lo digo desde la oposición; lo digo desde la advertencia estratégica. Cuando las instituciones dejan de ser el espacio natural para resolver agravios, la calle empieza a ocupar ese lugar y cuando eso ocurre, la democracia empieza a desplazarse hacia un terreno donde las reglas dejan de ser claras.
Un ejemplo reciente ilustra bien la gravedad del problema. Durante las movilizaciones de este año se reportó la destrucción de expedientes en instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California. El hecho provocó reacciones inmediatas de juristas y organizaciones profesionales, entre ellas la Federación de Asociaciones de Abogados de Baja California, que solicitaron investigar lo ocurrido. No se trata solo de papeles o archivos administrativos. En muchos casos, los expedientes contienen información crucial para procesos penales y para víctimas que esperan justicia. Cuando se pierde ese material, el daño institucional puede terminar afectando precisamente a quienes buscan protección del Estado.
Hay además un problema de falta de visión que empieza a ser evidente. La reacción institucional suele ser torpe y tardía. Pero cuando las acciones de algunos colectivos siguen el camino de la violencia, terminan produciendo el efecto contrario al que se buscaba: hacen mártir a la fiscalía, mientras que al mismo tiempo deslegitiman al propio movimiento que dice defender a las mujeres. Es una dinámica que desgasta a todos los actores. Pierde el Estado, pierde la causa y pierde la confianza pública.
Tal vez la discusión de fondo no sea si un monumento vale más que una vida. Esa comparación, en realidad, es una trampa retórica. La cuestión más profunda es cómo una democracia puede proteger causas profundamente justas sin renunciar a las reglas que la sostienen.
Aunque el discurso público contemporáneo se está caracterizando por el uso irresponsable de voces malsonantes y altisonantes que auspician hilaridad que divierte a algunas personas. No es lo que necesitamos aproximadamente 134 millones de personas. No pido tampoco que sean solemnes; solo que no sean fútiles. Gobernar es algo serio.
Luis David Sandin Torres Abogado por la Facultad de Derecho de la BNA y Maestro en Ciencias Jurídicas por la UABC. Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho Electoral y Filosofía Política por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Ha realizado estancias de investigación bajo la dirección del Dr. Diego Valadés. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados y es consultor independiente en políticas públicas y docente universitario.
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