El video que circula en redes sociales a nivel local, nacional e internacional, el cual se titula “Diputado Fidel Mogollón asegura conocer a narcos y tratantes con visa”, presenta una serie de declaraciones controversiales atribuidas al diputado local de Baja California, Danny Fidel Mogollón Pérez, quien actualmente se desempeña como legislador sin partido tras su separación temporal de la bancada de Morena, esto por ser acusado de ser golpeador de mujeres.
El artículo surge en un momento de alta sensibilidad para Mogollón, quien ha enfrentado múltiples acusaciones públicas, incluyendo violencia familiar y malos tratos laborales.
Estas nuevas declaraciones, en las que presuntamente admite conocer a narcotraficantes y tratantes de personas con visa, representan una escalada en la controversia que lo rodea.
El titular es impactante y busca captar la atención del lector, algunos lo llamarían amarillistas o medios conservadores, sin embargo, en este caso está respaldado por la gravedad de las acusaciones que salieron de la propia voz de Mogollón.
La gravedad de las declaraciones de Mogollón, enmarcándolas en un contexto de escándalos previos que han dañado su imagen pública, solo comprueban una vez más que son políticos sin oficio, y que solo están para obedecer órdenes y quedar bien con sus jefes.
La mención de otros casos, como las acusaciones de violencia familiar y despido injustificado, refuerza la narrativa de un legislador envuelto en controversias, y ahora posiblemente hasta con el narcotráfico.
Fidel Mogollón, diputado por el Distrito 15 (Playas de Rosarito), es una figura controvertida dentro de Morena, (quien actualmente se desempeña como legislador sin partido tras su separación temporal de la bancada de Morena por ser golpeador de mujeres) un partido que ha enfrentado críticas por su manejo de casos de violencia de género y corrupción.
Su separación temporal de la bancada morenista en octubre de 2024, tras acusaciones de violencia familiar, ya había debilitado su posición política.
Las nuevas declaraciones sobre conocer a narcos y tratantes con visa agravan su situación, al sugerir posibles vínculos con actividades ilícitas, un tema especialmente delicado en Baja California, una región marcada por la presencia del crimen organizado.
Mogollón se identifica como un fundador de Morena en Rosarito y ha enfatizado su lealtad a la Cuarta Transformación. Sin embargo, su expulsión de la bancada morenista y su decisión de actuar como legislador sin partido reflejan una fractura con la dirigencia del partido.
Estas declaraciones podrían interpretarse como un intento de proyectar poder o influencia en un contexto donde su credibilidad está en entredicho, o bien, como un desliz que expone una red de relaciones que él mismo no pretendía revelar.
Las acusaciones contra Mogollón representan un desafío para Morena, especialmente en un estado como Baja California, donde el partido ha consolidado una mayoría calificada en el Congreso local.
La narrativa de la Cuarta Transformación se basa en la lucha contra la corrupción y la defensa de los principios éticos, por lo que cualquier vínculo, real o percibido, con el crimen organizado puede dañar la imagen del partido.
La decisión de Morena de esperar un fallo de la fiscalía general del Estado antes de tomar medidas contra Mogollón (como la suspensión de derechos partidarios o la expulsión) indica una postura cautelosa, posiblemente para evitar conflictos internos o para no alimentar la percepción de una persecución política.
Sin embargo, la tibieza en la respuesta del partido podría ser vista como una falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en un contexto donde la violencia de género y los vínculos con el crimen organizado son temas sensibles para la opinión pública.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y otros líderes morenistas han reprobado públicamente las acciones de Mogollón en el caso de violencia familiar, pero no se han pronunciado con la misma fuerza sobre estas nuevas acusaciones, lo que podría interpretarse como una estrategia para minimizar el impacto político.
Las declaraciones de Mogollón, si se confirman, podrían alimentar la percepción de que la clase política en México mantiene vínculos con el crimen organizado, un problema estructural que ha erosionado la confianza en las instituciones.
En Baja California, donde el narcotráfico y la trata de personas son problemáticas visibles, estas afirmaciones refuerzan la narrativa de una élite política desconectada de las necesidades ciudadanas y potencialmente comprometida con intereses ilícitos.
Por otro lado, la negación de Mogollón y su esposa respecto a las acusaciones previas de violencia familiar, junto con su insistencia en que las críticas tienen motivaciones políticas, podría resonar con un sector de la población que desconfía de los medios y ve estas acusaciones como intentos de desprestigio.
Sin embargo, la acumulación de señalamientos (violencia familiar, malos tratos laborales y ahora posibles vínculos con el crimen) hace que esta defensa sea menos convincente.
Las declaraciones de Mogollón sobre conocer a narcos y tratantes con visa plantean preguntas éticas y legales.
Desde el punto de vista legal, admitir conocimiento de actividades delictivas sin denunciarlas podría implicar omisión o incluso complicidad, dependiendo del contexto.
Éticamente, un diputado que hace tales afirmaciones, incluso si son en un contexto informal o exagerado, tiene la obligación de aclarar sus palabras y cooperar con las autoridades.
La ausencia de una respuesta clara por parte de Mogollón, más allá de desmentidos generales, refuerza la percepción de opacidad y falta de responsabilidad.
Políticamente, las declaraciones de Mogollón representan un riesgo para la imagen de Morena y podrían tener consecuencias en la confianza pública hacia el partido y las instituciones en Baja California.
En un entorno donde la violencia de género y el crimen organizado son temas críticos, el caso de Mogollón pone a prueba la capacidad del sistema político para responder con transparencia y eficacia.
