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El primer incidente ocurrió en la intersección de las calles México y Baja California, en la colonia Constitución. Un joven fue baleado, recibiendo impactos de bala en el pecho y el cráneo. Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron a la víctima en estado crítico a un hospital para recibir atención médica urgente.
Sin embargo, el silencio sobre motivaciones deja un vacío que el pánico llena: ¿venganza por operativos recientes contra el narco? ¿Intimidación política en vísperas de elecciones?
Por su parte, la diputada Eva María Vásquez lamentó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien condicionó un proceso jurídico a la existencia de pruebas.
Con 45 minutos de retraso, apareció por el elevador de la Torre Cosmopolitan, Arturo Escobar y Vega, el anfitrión y exemecista David Saúl Guakil, el diputado y desescorchado Jorge Ramos, Fausto Gallardo y Rodrigo Otañez, también ex militante del MC.
López Gorosave subrayó que entre las acciones relevantes se encuentran las reformas constitucionales de gran trascendencia nacional que están transformando la vida pública de México, además de iniciativas y gestiones específicas para los municipios de Tijuana y Ensenada.
La ola de extorsión ha derivado en hechos de violencia lamentables. El pasado 24 de agosto, un ataque armado en el mercado sobre ruedas de la colonia Mariano Matamoros dejó como saldo una mujer muerta y un menor de edad lesionado.
Asimismo, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Jesús García Castro; el representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, Francisco Rico Murrieta; el representante del Issstecali, Noé Maya Montemayor; el director General de INDIVI, Gregorio Saúl Osnaya López, entre otras autoridades.
Como todos los torneos del calendario oficial, este contará con el respaldo de la Asociación de Clubes de Pesca de Baja California A.C., y de acuerdo con el programa de las personas organizadoras la revisión de kayaks, incluyendo equipo de seguridad y permisos, iniciará a las 07:00 horas.
También propone sanciones severas y proporcionales al daño estableciendo penas de 10 a 20 años de prisión, y de hasta 140 en los casos más graves, especialmente cuando participan servidores públicos o se utiliza violencia extrema, además que haya una persecución de oficio, que haya una atención a las víctimas mediante un acompañamiento legal, apoyo psicológico y reparación del daño.
Los detenidos fueron asegurados y están a disposición de la autoridad investigadora, la cual se encargará de iniciar el proceso correspondiente para solicitar las sanciones apropiadas ante la autoridad judicial.
