Los nombres de Luisa María Alcalde, Andrés López Beltrán, Citlalli Hernández y Ariadna Montiel dominaron la semana pasada la conversación pública sobre MORENA , casi siempre en clave de quién sale y quién se queda. La cuestión decisiva está en otro registro. Lo que se manifiesta no es una crisis súbita, sino el desenlace previsible de un diseño que postergó indefinidamente la resolución de su propia tensión interna. Hablar de resquebrajamiento presupone una cohesión orgánica anterior, y esa cohesión nunca existió en términos institucionales. Existió otra cosa, más frágil de lo que aparentaba: una convergencia funcional sostenida por la gravitación de un liderazgo dominante.
La unidad del partido fue siempre política en sentido estricto, anclada en la figura de Andrés Manuel López Obrador y conviene nombrar las consecuencias de ese anclaje sin eufemismos. Una arquitectura sostenida por la legitimidad de una sola voz debilita la mediación interna, vuelve episódica la negociación y reemplaza las reglas estables por la lealtad personal como criterio último de disciplina. La cuestión, entonces, no se ubica únicamente en quién dirige hoy la organización. Se ubica en la lógica fundacional bajo la cual fue construida, y que ahora reclama sus costos diferidos en cada relevo, en cada designación disputada, en cada pausa que deja de aguantar.
Los señalamientos sobre la supuesta falta de capacidad de negociación de la dirigencia saliente resultan, en el mejor de los casos, incompletos. Negociar presupone reconocer interlocutores con poder propio, capaces de obligar y de ser obligados, y ese reconocimiento nunca formó parte del ADN dominante de la organización. La heterogeneidad de los cuadros morenistas no se agota en trayectorias ideológicas dispares ni en estilos de práctica política diferenciados. Incluye diferencias reales de proyecto: quienes apuestan por profundizar la transformación con mayor estatismo, quienes prefieren un pragmatismo económico y territorial y; corrientes que oscilan entre vocaciones movimientistas y lógicas clientelares con anclaje regional. Esa diversidad estratégica jamás fue procesada institucionalmente. Fue contenida por una centralidad incuestionada, y mientras esa centralidad operó con plena autoridad, la diversidad no estalló: quedó en pausa, que es algo cualitativamente distinto de quedar resuelta.
Esa pausa empezó a romperse a la vista de todos. La pugna por la dirigencia nacional, los desencuentros entre figuras del Ejecutivo y del Legislativo, las fricciones en torno a candidaturas locales y la circulación de versiones contradictorias sobre decisiones internas componen un cuadro reconocible. Son la primera generación de conflictos que ya no encuentran a un árbitro con autoridad indiscutible para zanjarlos. El árbitro fundacional existe y conserva influencia considerable, aunque su capacidad de cierre disminuyó.
Lo significativo es que el vacío no fue ocupado por reglas internas ni por instancias deliberativas del partido, sino por otro centro de gravedad: la Presidencia de la República. El relevo de Alcalde, la salida de López Beltrán, el ascenso anunciado de Montiel y el papel asignado a Citlalli Hernández no son lecturas de la militancia ni resultados de un proceso orgánico. Son ajustes operados desde el Ejecutivo federal, lo cual confirma la tesis estructural por una vía que el discurso oficial preferiría no enunciar: el árbitro cambió, el modelo no.
La conversación de la semana pasada se concentró casi por completo en quién sale. Conviene fijar la mirada en quién llega, y sobre todo en con quien llega, porque ahí se juega el dato menos comentado y más significativo. De concretarse el arribo de Ariadna Montiel a la dirigencia, no estaríamos ante un relevo administrativo ni ante una sustitución de perfiles equivalentes. Estaríamos ante el reposicionamiento de un equipo político con identidad propia, oficio acumulado y trayectoria reconocible: el que durante décadas ha encabezado el profesor René Bejarano Martínez. Un hombre con talante, con escuela y con la cualidad cada vez más infrecuente de saber hacer política en sentido estricto, con tiempos largos y lectura fina de correlaciones.
Ese desplazamiento exige una lectura distinta del momento. La llegada de un equipo con esas características no se explica por azar ni por simpatía coyuntural, sino porque la organización requiere, aunque no lo enuncie con esas palabras, una capacidad de mediación que la conducción carismática volvió prescindible durante años. El profesor Bejarano y su equipo aportan precisamente lo que la lógica fundacional del partido nunca cultivó: oficio para procesar disensos, gramática para negociar entre cuadros heterogéneos, paciencia estratégica para construir mayorías internas que no dependan de una sola voz.
Conviene, sin embargo, no confundir registros. El oficio negociador resuelve disensos tácticos, pero las tensiones estratégicas de MORENA —el saldo de la reforma electoral fallida, la relación con PT y PVEM, la definición del rumbo pos-AMLO— operan en una escala que rebasa la mediación. Ese tipo de fracturas requiere reglas, no buenos oficios.
Ningún partido sostiene indefinidamente una conducción vertical sin pagar costos en su vida interna. La democracia intrapartidista no es un ornamento del régimen ni una concesión retórica al pluralismo. Es una condición de viabilidad cuando los liderazgos cambian, cuando las generaciones se relevan, cuando la fuente original de legitimidad ya no alcanza para todo. Mientras las reglas son difusas y las decisiones se concentran, la transición deja de ser un relevo ordenado y se convierte en una prueba de resistencia para la organización entera. Ahí se ubica hoy Morena, más cerca de una redefinición forzada que de una ruptura estridente.
La incomodidad mayor es de otro orden, y conviene formularla sin atenuarla. ¿Puede un partido construido sobre una legitimidad personal transformarse en una organización con institucionalidad propia mientras la fuente original de esa legitimidad sigue activa? Mi lectura es que no, al menos no en este ciclo, salvo que la incorporación de cuadros con oficio mediador opere con márgenes reales de decisión y no como escenografía de pluralidad. La historia de los partidos construidos sobre una sola voz —el peronismo en sus distintas etapas, el chavismo después de Chávez, incluso el PRI de los años dorados antes de su declive— enseña que las transiciones suelen ser traumáticas o incompletas. MORENA no escapa a esa familia de problemas. La institucionalización exige que el poder se distribuya bajo reglas que limitan a quien hoy lo concentra, y ese movimiento rara vez ocurre por convicción de los actores dominantes. Ocurre por desgaste, por correlación de fuerzas modificada, por la presencia de actores capaces de obligar al cambio.
Reducir el momento actual a los nombres de quienes salen es una forma elegante de eludir la discusión que importa. La encrucijada es nítida y admite, en términos prácticos, dos desenlaces. Uno conduce a un partido de cuadros con reglas estables, capaz de procesar internamente sus disensos sin pedir prestado al Ejecutivo el árbitro que le falta. El otro deriva en una federación de caudillos regionales y corrientes que conviven por lealtades personales superpuestas, hasta que esas lealtades dejan de coincidir. Lo verdaderamente significativo de esta semana no fue la salida anunciada de unos, sino la entrada que se prepara para otros y, con ella, la confirmación de que el árbitro sigue estando fuera del partido. MORENA se institucionalizará cuando ya no le quede otra opción, y esa opción puede empezar a cerrarse antes de lo que el debate público advierte.
Luis David Sandin Torres Abogado por la Facultad de Derecho de la BNA y Maestro en Ciencias Jurídicas por la UABC. Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho Electoral y Filosofía Política por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Ha realizado estancias de investigación bajo la dirección del Dr. Diego Valadés. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados y es consultor independiente en políticas públicas y docente universitario.
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