Tijuana BC 9 de septiembre de 2026.-A pocas semanas de iniciada la nueva gestión directiva, la Preparatoria Federal «Lázaro Cárdenas» 1/1 acumula una serie de decisiones cuestionadas por su personal docente y administrativo: clases presenciales sostenidas bajo aviso de calor, cobros de inscripción en un plantel donde la gratuidad es obligatoria y una representación de madres y padres cuyo plazo de renovación ya venció. El caso más reciente ocurrió este miércoles, cuando el plantel sostuvo actividades presenciales y comunicó la suspensión hasta las once de la mañana, pese a que la región fronteriza opera bajo un aviso de calor emitido por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, vigente desde las diez de la mañana del martes 8 y hasta las ocho de la noche del jueves 10 de septiembre, por temperaturas inusualmente elevadas.

De acuerdo con información difundida entre la comunidad sindical por la Secretaría de Trabajo y Conflictos de la delegación, la Subdirección Técnico Operativa de la Dirección General del Bachillerato habría instruido desde el martes, por vía telefónica, que las clases del miércoles se impartieran a distancia. La suspensión se comunicó a las once de la mañana, casi cuatro horas después del inicio de la jornada, cuando el plantel ya operaba con grupos de entre cuarenta y dos y cuarenta y cinco estudiantes en aulas sin infraestructura de ventilación suficiente. El martes la ciudad registró máximas de entre 33 y 35 grados, con sensación térmica de hasta 39 en las horas de mayor insolación.

El dato de contexto no es menor: Baja California acumula 56 defunciones asociadas a las altas temperaturas en lo que va de 2026, de las cuales 53 corresponden a golpe de calor, cifra que coloca al estado como el de mayor número de muertes por esta causa en el país. En septiembre de 2024, ante una situación semejante, diversos planteles de Tijuana suspendieron actividades presenciales de manera preventiva.

La decisión se suma a otros señalamientos de personal docente y administrativo. Entre ellos, el cobro de cuotas de inscripción realizado por la representación de madres y padres de familia sin asamblea previa, sin acuerdo de la comunidad y sin proyecto que justificara el destino de los recursos, práctica que la dirección del plantel no ejecutó directamente pero tampoco impidió. El oficio SEP/SEMS/001/2026, de la Subsecretaría de Educación Media Superior, prohíbe condicionar inscripción, reinscripción, permanencia, asignación de grupo, acceso al plantel, evaluaciones y entrega de documentos al pago de cuotas, aportaciones o donativos, y obliga a los planteles a publicar avisos visibles sobre la gratuidad e informar los canales de denuncia ante el Órgano Interno de Control de la SEP.

A ello se agrega la negativa de fichas de reinscripción a estudiantes con adeudo de cuatro materias o más, en sentido contrario al criterio de maximizar el acceso y la permanencia escolar que sostiene la política educativa federal. Sobre la representación de madres y padres, el plazo para convocar la elección de una nueva mesa directiva ya venció sin que se haya informado a la comunidad cuándo se realizará.

Integrantes de la comunidad escolar señalan que el plantel fue beneficiario del programa La Escuela es Nuestra y que se informó que esos recursos atenderían el problema eléctrico, incluido el cableado necesario para instalar aire acondicionado en las aulas. En su vertiente de media superior, el programa entrega montos de entre 600 mil y un millón 500 mil pesos por plantel según matrícula, administrados por el Comité Escolar de Administración Participativa mediante tarjeta del Banco del Bienestar, con obligación de comprobar el gasto ante la comunidad escolar. Con independencia de quién ocupara la dirección al momento de la entrega, corresponde a la administración actual del plantel informar el monto recibido, su aplicación y el estado de la comprobación. Esa información no ha sido difundida, y las condiciones de este miércoles indican que el problema eléctrico sigue sin resolverse.

El malestar no se limita al alumnado. Integrantes de la planta docente han planteado quejas por modificaciones unilaterales de horario y por acoso laboral, señalamientos que hasta ahora tampoco han recibido respuesta institucional.