Tijuana BC 13 de octubre de 2026.- En México, dependiendo de las entidades, se estima que, por cada caso que se denuncia de trata de personas, hay otros 20, o hasta 99 casos que no se denuncian, y, por eso se hacen campañas de prevención, o de recomendaciones para llamar a las autoridades de manera anónima, así como también se establecen convenios con instituciones y organismos diversos.
En su conferencia, como invitada de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Baja California (APCBC), la Secretaria Técnica de la Comisión Interinstitucional Contra la Trata de Personas en Baja California, Gabriela Navarro Peraza expuso la importancia de identificar los riesgos de caer en una posible red de trata de personas, o ser víctima de ese delito a nivel casero.
Sobre esa última característica refirió un caso de una víctima de violencia familiar, en el que, conforme al desarrollo de la entrevista con la denunciante, se pudo identificar que la mujer se decidió a reportar las vejaciones cometidas por su pareja, ya que se negó a seguir teniendo relaciones sexuales con otros hombres, a los cuales el consorte les cobraba por ese “servicio”.
“Esa acción es tipificada como trata de personas”, puntualizó, recordando que, la descripción exacta de ese delito es: “el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, mediante el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con el fin de explotarlas”; es decir, “captar, transportar, trasladar, alojar o recibir a una persona, mediante el uso de la amenaza, la fuerza, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, extracción de órganos, y hasta de matrimonios serviles o de explotación reproductiva”.
Ante esa variedad de situaciones que deben identificarse, Navarro Peraza aclaró que, “el consentimiento no es válido si se utilizaron medios coercitivos o de engaño”, por lo que, en esas circunstancias, el consentimiento que la víctima haya dado previamente, para cualquier parte del proceso, no tiene validez legal. En especial, agregó, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, no es necesario demostrar el uso de la fuerza o el engaño; pues, el solo hecho de captarlos o trasladarlos con fines de explotación ya se considera trata de personas.
Luego de destacar que Baja California ocupa el cuarto lugar de más denuncias de casos de trata de personas, lo cual se debe su ubicación geográfica estratégica, por su cercanía a Estados Unidos, y ser una entidad de mayor tránsito de migrantes, la doctora Gabriela Navarro advirtió que una de las estrategias más usadas por los tratantes son las redes sociales, y la difusión de anuncios de empleos con salarios muy elevados, hasta con “hospedajes, comidas”, y otros atractivos exagerados.
Lamentablemente, admitió, el Estado Mexicano tiene poco de fortalecer y especializar sus herramientas y corporaciones especializadas en el combate a ese flagelo; “solamente cuatro estados tienen programa estatal, nosotros, en Baja California, ya llevamos un 85 por ciento cumplimentado”, precisó.
De acuerdo con las cifras oficialmente registradas, Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional, con 165 denuncias de trata de personas; situación que relacionó con su actividad turística y comercial; el segundo lugar corresponde a Estado de México, con 37 denuncias, con captación de zona metropolitana y redes sociales; el tercero lo ocupa la Ciudad de México, con 29 denuncias, como punto de tránsito urbano; el cuarto lugar es para Baja California, con 27; y el quinto, para Chihuahua, con 21; y, todo eso, sin embargo, muy por debajo de una realidad, debido a la alta probabilidad de casos no denunciados (hasta un 99%).
Pese a los esfuerzos gubernamentales, observó Gabriela Navarro Peraza, el flagelo de la trata de personas sigue siendo un delito poco visibilizado.
