La conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional no fue una sesión de rendición de cuentas, sino una preocupante exhibición de control de daños y normalización de la vulnerabilidad institucional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, secundada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, operó un salvoconducto político en favor de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tras la filtración de audios que sugieren una alarmante disposición a negociar información oficial a cambio de beneficios personales.
El caso, destapado por el periodista Héctor de Mauleón, expone una grabación donde se escucha presuntamente a la mandataria estatal ofreciendo revelar lo tratado en las mesas de seguridad a intermediarios vinculados con agencias estadounidenses —específicamente el FBI— con el fin de destrabar problemas personales relacionados con la cancelación de su visa norteamericana y temores ante la OFAC.
Minimizar el riesgo: La narrativa oficial
La respuesta del Ejecutivo federal no fue ordenar una investigación profunda y rigurosa, sino construir un muro de desdén retórico. Tanto la presidenta como su secretario de Seguridad recurrieron a tecnicismos y argumentos circulares para restarle gravedad al asunto:
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«No se sabe con quién habla»: El primer argumento de la defensa presidencial fue señalar que, dado que el audio proviene de una filtración periodística, «no se sabe ni siquiera si es con autoridades estadounidenses». Una evasiva que ignora el fondo: la intención inequívoca de la gobernadora de entregar datos a un tercero externo.
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«No hay información sensible»: García Harfuch argumentó que en las mesas de seguridad sólo se analiza la incidencia delictiva diaria y que las grabaciones no infieren la entrega de «secretos de Estado» o información que ponga en riesgo la seguridad nacional.
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«No hay delito que perseguir»: La conclusión tajante con la que el gobierno federal cerró filas, descartando de facto cualquier indagatoria interna o solicitud de licencia temporal.
La gravedad de lo «concedido»
La ligereza con la que el Gobierno de la República ha tomado este incidente sienta un precedente alarmante. Las mesas de seguridad pública de los estados no son clubes de debate ni recopilaciones de notas de prensa; en ellas se coordinan estrategias de los tres órdenes de gobierno, se identifican blancos prioritarios y se procesa información de inteligencia criminal.
«Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad», se escucha en la grabación atribuida a la gobernadora de Baja California.
Ofrecer la información que ahí se vierte como una moneda de cambio para resolver una situación jurídica o migratoria personal constituye, por decir lo menos, una profunda vulneración a la ética pública y a la soberanía del Estado mexicano. Al afirmar que «no hay delito que perseguir» basándose únicamente en la justificación de la propia implicada, el gobierno central renuncia a su papel fiscalizador y prefiere el cobijo de la lealtad partidista por encima de la certeza institucional.
Un blindaje que debilita las instituciones
Defender lo indefendible bajo el pretexto de que «ya dio una explicación» convierte a la justicia en un acto de fe. Mientras la oposición exige que Marina del Pilar se separe del cargo para ser investigada sin interferencias, el veredicto anticipado desde el púlpito presidencial clausura cualquier vía institucional de aclaración.
La narrativa oficial de que «no pasa nada» debilita la confianza en las mesas de seguridad y manda un mensaje adverso a los cuerpos policiacos y de inteligencia que arriesgan la vida en el estado norteño: que la información estratégica que manejan puede ser sujeta a tratos en lo oscurito si el beneficio personal del gobernante en turno lo amerita. En el México de hoy, parece que una explicación informal en un pasillo vale más que una carpeta de investigación penal.
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