En una reunión familiar alguien lee una columna en voz alta desde el teléfono. La lee completa, con entonación. Al terminar suelta la única pregunta que a todos interesa: ¿cuánto le pagaron por escribir eso? Risas. Alguien aporta un nombre. Alguien asegura que ese medio ya se vendió. La plática se va por otro rumbo y nadie regresa al texto. Ni una palabra sobre si era cierto. La escena se repite cada domingo en cocinas de todo el estado, y describe nuestra relación con la palabra pública mejor que cualquier estudio de audiencias.
La sospecha tiene fundamento. Fingir lo contrario sería deshonesto. Quienes escribimos enfrentamos un problema simple: hay pocos lugares donde hacerlo. Los medios sostienen contratos con los gobiernos, y un contrato se cuida. De ahí salen las dos rutas conocidas. Unos pagan por ser publicados y compran el espacio como quien contrata cualquier otro servicio. Otros ponen la pluma al servicio del medio que los aloja y devuelven el favor con el tono. Ninguna de las dos es monstruosa; ambas son razonables para quien come de esto. La consecuencia sí es grave: la crítica se encarece aunque sea cierta.
Esa misma sospecha tiene un segundo uso, menos noble. Cuando un texto te incomoda, la pregunta por el cheque te permite cerrarlo sin discutirlo. Es cómoda. Te ahorra el trabajo de examinar el argumento, que es la única forma de refutarlo. Y la aplicamos con puntería selectiva. Al que nos contradice le buscamos patrocinador; al que nos da la razón ni se lo preguntamos. La desconfianza universal se parece demasiado a la pereza, y acaba protegiendo justo a quienes sí cobran. Donde todos son sospechosos, nadie rinde cuentas.
Yo no he tenido que tomar ninguna de esas rutas, y en buena medida es porque vivo de otra cosa. No he cobrado por una columna ni he pagado por publicarla, y no pienso hacerlo. Es una circunstancia que se sostiene únicamente mientras yo la sostenga. Quien opina no tiene más patrimonio que ese. Un abogado responde con su cédula. Un médico responde con su nombre. Quien escribe responde con la sospecha razonable de que dice lo que piensa. Rota esa presunción, lo que queda ya no es una columna; es publicidad con mejor redacción.
Precisamente porque sostengo que la sospecha no puede ser el único criterio, me parece necesario decir con claridad a quién apoyo y por qué. Criticar sale gratis, luce valiente y consigue lectores en cualquier bando. Difícil es respaldar a alguien, porque el respaldo se lee de inmediato como recibo. Aun así lo escribo con todas sus letras: apoyo a Ismael Burgueño rumbo a la definición de MORENA en Baja California. Nadie me pagó por escribirlo, y las razones que siguen son mías, con las mismas costuras a la vista que todas las que he sostenido en este espacio.
Habría que decir también lo que puede reprochársele; callarlo sería hacer aquí lo que critico. Viene de la estructura partidista, no de la sociedad civil, y su carrera está atada al proyecto federal. De ahí sale la objeción más seria: quien debe su trayectoria al movimiento puede terminar gobernando para el movimiento antes que para el estado. No es una sospecha menor y no pretendo desactivarla con adjetivos. La dejo escrita porque un respaldo que empieza negando los riesgos no vale nada, y porque apuesto a que la trayectoria y los resultados pesan más que ese riesgo.
Esa trayectoria empezó antes de que estar ahí conviniera. Fundó el movimiento en Baja California y dirigió dos veces el comité estatal, cuando ese cargo repartía trabajo y no posiciones. Nació en Tijuana, en una casa de maestros de primaria: padre, madre y hermana frente a grupo. Eso no aparece en ningún expediente y explica más que cualquier currículum. Es una manera de entender el país, aprendida en una mesa donde el sueldo alcanzaba lo justo y aun así se hablaba de servir. Uno puede simular muchas cosas en política. El origen no.
Lo demás puede medirse, y por medible se puede discutir. El dato que a esta ciudad le costó más caro conseguir es el de la sangre: según las cifras del propio gobierno municipal, los homicidios dolosos cayeron más de la mitad durante la administración, y Tijuana acumuló trece meses consecutivos sin un solo secuestro registrado. Detrás hay un presupuesto de seguridad duplicado y mesas de coordinación que sesionan aunque no haya cámaras. Quien vivió los años en que amanecíamos contando cuerpos sabe lo que se esconde tras ese porcentaje, que es dormir de otra manera.
Hay otro frente con menos titulares y más mordida: la extorsión. Es el delito que asfixia igual a la tortillería de la esquina que a la nave industrial, el que casi nadie denuncia y del que casi nadie quiere hablar en voz alta. Su gobierno lo nombró y firmó con el sector empresarial un pacto para enfrentarlo. A eso se suma una ciudad que se ve distinta después de Ciudad Limpia, con recolección y mantenimiento urbano donde llevaba años sin haberlos. Tijuana no está resuelta, y afirmarlo sería insultar a quien vive aquí.
El lugar desde donde lo respaldo es el mismo que me permite retirarlo. Quien no cobra tampoco debe lealtades, y una opinión gratuita es revocable por definición. Si la coordinación estatal termina convertida en reparto anticipado de posiciones, lo escribiré. Si el respaldo ciudadano se administra como propiedad y no como préstamo, lo escribiré. Si llega el día en que la crítica exacta le estorbe y prefiera el aplauso, lo escribiré también, aquí y con esta firma. El apoyo que no admite condiciones se llama obediencia, aunque le pongamos adjetivos.
A ti, que lees con la guardia arriba: no te pido que aceptes mi conclusión. Te pido que examines el argumento, que es lo único que traigo. Distinguir entre quien escribe por convicción y quien escribe por encargo cuesta trabajo, y ese trabajo es tuyo. Nadie puede hacerlo en tu lugar. Que esta columna no tenga factura no la vuelve verdadera. La vuelve mía, y es lo único que puedo poner sobre la mesa sin perderlo todo si lo entrego.
Luis David Sandin Torres Abogado por la Facultad de Derecho de la BNA y Maestro en Ciencias Jurídicas por la UABC. Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho Electoral y Filosofía Política por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Ha realizado estancias de investigación bajo la dirección del Dr. Diego Valadés. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados y es consultor independiente en políticas públicas y docente universitario.
Esta columna no refleja la opinión de Dominio Público, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor
