Lo que en su momento se vendió como un golpe contundente contra la impunidad en las altas esferas del poder local terminó convertido en un estrepitoso fracaso judicial. La Fiscalía General del Estado (FGE) sufrió un duro revés al no poder sostener las acusaciones contra el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, y el excomandante Luis Alfonso Jacobo, quienes quedaron en absoluta libertad tras el colapso de la imputación en su contra.
El fallo del juez de control fue claro y contundente: la FGE no presentó datos de prueba suficientes para vincularlos a proceso por delitos de la máxima gravedad como desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa.
Desde el momento en que se anunciaron las investigaciones contra los exmandos policiales, voces dentro y fuera del ámbito político señalaron que el caso olía más a una cortina de humo orquestada desde los altos mandos del gobierno que a una investigación rigurosa.
El resultado de la audiencia inicial no hace más que confirmar las sospechas:
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Incapacidad técnica o simulación: La incapacidad de la FGE para aportar elementos probatorios mínimos ante el Poder Judicial deja al descubierto dos posibles escenarios de igual gravedad: una alarmante ineficiencia investigativa o un montaje político diseñado para desviar la atención mediática.
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Selectividad en la justicia: Mientras a los exmandos se les abrió la puerta por falta de pruebas, el juez sí determinó vincular a proceso a los imputados Eduardo “N”, Kevin “N” y Juan Carlos “N” por su presunta participación en la desaparición de José Ricardo Vindiola Domínguez y Cristian Alejandro García Mora, ocurrida el 3 de enero de 2023.
El saldo de la FGE: Un espectáculo mediático que duró poco y que hoy deja un amargo sabor a impunidad y manoseo político del sistema de justicia.
La resolución judicial deja severamente expuesta a la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Presentar una acusación por desaparición forzada sin el sustento probatorio adecuado no solo es una negligencia procesal; representa un atropello a las víctimas y a sus familias, a quienes se les prometió justicia y se les entregó un espectáculo sin fondo.
Cuando la justicia se utiliza para encarar agendas de imagen pública o ajustes de cuentas políticos, la institución pierde la poca credibilidad que le queda. Hoy, el caso de los jóvenes desaparecidos en enero de 2023 sigue sin un esclarecimiento pleno en la línea de mando, mientras la FGE suma a su historial una pifia insostenible que exige cuentas claras a sus titulares.
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