Ventana a la información, Empoderate con tu opinión…
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En ese contexto, las recientes declaraciones del alcalde de Tijuana, Dr. Ismael Burgueño Ruiz, me parecen no solo pertinentes, sino necesarias. Y lo digo con plena conciencia de que defender la institucionalidad se ha vuelto impopular en ciertos círculos digitales.
Nadie con un compromiso mínimo con las instituciones democráticas puede guardar silencio frente a este deterioro. Resulta preocupante —por decir lo menos— observar a diputados locales exhibiendo iracundia, impuntualidad o frivolidad como si fueran rasgos menores. No lo son. Son síntomas de una profunda falta de comprensión del papel que desempeñan en el entramado constitucional.
Conviene decirlo con precisión: un demócrata no es quien acumula presencia, sino quien articula intereses sociales reales y los incorpora con seriedad a la agenda pública. No quien legisla por impulso, por conveniencia personal o por el deseo de destacar en un entorno saturado de ruido político
La trayectoria política de Marina del Pilar es ilustrativa en ese sentido. En un lapso extraordinariamente breve transitó por la diputación federal, la presidencia municipal de Mexicali y la gubernatura del estado
Según esa investigación, Torres habría recibido alrededor de 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Mexicali, para permitir que el llamado Cártel de los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, operara a placer en Baja California. Así, sin poesía.
Aunque la legisladora no ha confirmado ni desmentido públicamente estos señalamientos, fuentes periodísticas y publicaciones en redes sociales indican que, de ser ciertos, este incidente la colocaría en la lista de los «desvisados» de Morena, un grupo de más de 50 políticos del partido gobernante a quienes el gobierno de Estados Unidos habría retirado el permiso de entrada, según reportes de agencias como Reuters.
Existe una diferencia sustantiva entre participar y opinar por inercia. Participar implica involucrarse, informarse, contrastar argumentos y asumir las consecuencias de lo que se afirma. Opinar, en cambio, se ha reducido muchas veces a ocupar un lugar en la conversación digital, aunque no se tenga nada sustantivo que aportar. La primera fortalece la vida democrática; la segunda la banaliza.
La denuncia ante la Sindicatura Municipal marca un punto de quiebre. No se trata solo de fallas administrativas, sino de una cadena de errores que exhiben incapacidad para sostener una responsabilidad estratégica. Apolinar Fernández no solo no corrigió el rumbo: profundizó el problema. Hay cargos que no se abandonan: te abandonan cuando ya no das resultados.
De cara a una eventual reforma electoral en 2026, el riesgo es evidente. Si la discusión vuelve a limitarse a la arquitectura institucional y a los equilibrios entre élites políticas, estaremos ante otro ajuste procedimental que no tocará el problema de fondo: una democracia reducida a su dimensión electoral, incapaz de generar participación sostenida, control ciudadano y responsabilidad efectiva de quienes ejercen el poder.
Porque cuando un reportero enferma, se queda sin equipo, pierde a un familiar o simplemente lo corre un jefe que nunca aprendió a dirigir, el sistema le da la espalda.
